Las políticas de austeridad en los países ricos penalizan a los niños
“Muchos gobiernos dicen que tienen que resolver la cuestión de la deuda para no dejar esta carga a las generaciones futuras”, recordó Chris de Neubourg, director del centro de investigación política y social de la UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
Pero los recortes afectan a la educación y a las familias más modestas, de manera que “presentamos ahora la factura a los niños”, explicó en una conferencia de prensa en Ginebra.
El informe analiza los cambios entre 2000 y 2010 en las condiciones de vida de los niños de 29 países, teniendo en cuenta criterios como el éxito escolar, la tasa de natalidad entre las adolescentes, el nivel de obesidad infantil, la frecuencia de actos de acoso o consumo de tabaco y alcohol.
Holanda, Noruega, Islandia, Finlandia y Suecia ocupan los primeros puestos de la clasificación. Francia está en décimo lugar por detrás de Suiza, mientras que Estados Unidos está en el número 26 y Rumanía en el 29, el último de la lista.
De Neubourg dijo que las tasas de pobreza de los niños ya han aumentado en varios países. “Lo peor es reducir las inversiones en esta generación, se corre el riesgo de que paguen las consecuencias ahora y en el futuro“, dijo el experto de UNICEF.
También citó el ejemplo de Gran Bretaña, número 21 en un un estudio similar de 2007 y que hoy está en el puesto 16 tras haber trabajado mucho para mejorar las condiciones de vida de los niños del país.
En Estados Unidos, un niño de cada cuatro vive en una familia cuyos ingresos son inferiores a la media. En la Unión Europea la proporción es de uno de cada diez niños, según el informe.
A pesar de que Estados Unidos tiene excelentes sistemas educativos y de salud “no son accesibles a todos”, recuerda UNICEF. “Tendrían que hacer más esfuerzos para proteger a sus niños”, concluye el informe.
La transnacional española se niega a ajustarse a las leyes de Brasil
ZARA no reconoce su infamia
En agosto pasado cuatro grandes redes minoristas de ropa fueron descubiertas utilizando talleres de confección con trabajo esclavo: Marisa, Pernambucanas, Collins y se completa el grupo con la transnacional española Zara.
Con una facturación mundial de 12.500 millones de euros anuales, el gigante de la moda española Inditex (Arteixo, La Coruña) propietario de la cadena de tiendas Zara, tiene 30 locales en Brasil y emplea en ellos, 7.000 personas. Todos los locales limpios, bien diseñados, impecables, seductores.
Como contracara de esa imagen impoluta existen esos tugurios infames donde se producen las prendas de Zara. Talleres en los que se explota a inmigrantes indocumentadas bolivianas o peruanas. Mujeres con niños pequeños cosen durante 16 horas inclinadas sobre sus máquinas. Sobreviven encerradas en cuchitriles pestilentes y con capataces que no las autorizan a salir a la calle. Las inspecciones encontraron fuertes indicios de tráfico de personas e incluso comprobaron explotación infantil.
El lucro de Zara proviene en gran parte de la miseria del costo en la confección de sus prendas. En dichos talleres la remuneración no pasa de R$ 2 (poco más de 1 dólar) por pieza producida. Después de los tramposos descuentos las trabajadoras no llegaban a recibir ni siquiera al salario mínimo (R$ 545) y menos aún el mínimo de los convenios de las empresas con los sindicatos del sector (R$ 676).
Según Zara en Brasil tienen 46 abastecedores
directos y 313 talleres subcontratados. Lo que totaliza más de 11.000 empleados en esa cadena de explotación esclavista.
El miércoles 30 de noviembre Zara tenía una reunión con el Ministerio Público del Trabajo para definir los términos de un ajuste de conducta que impidiera que la empresa continuse subcontratando y "tercerizando" sus confecciones de la forma delictiva que acostumbra.
Zara se niega a ajustarse a las leyes de Brasil
Para sorpresa de los delegados del Ministerio Público del Trabajo (MPT), la transnacional española se negó a firmar el texto que la obligaba al compromiso de una gestión de acuerdo con las leyes del país.
La empresa no aceptó los Términos de Ajuste de Conducta (TAC) que proponía el MPT, el cual exigía que Zara se hiciera responsable de toda la cadena productiva de proveedores, el fin de la subcontratación de funcionarios y la multa de R$ 20 millones por daños morales colectivos. Los representantes de la empresa hicieron una contrapropuesta.
Zara propone negociar con los proveedores que no cumplan las disposiciones legales para que corrijan su funcionamiento, pero no acepta que se resposabilice directamente a la empresa de las irregularidades cometidas por “aquellos”. Que en realidad son ellos mismos.
Para el procurador del MPT Luiz Fabre, los puntos de la contrapropuesta son irreconciliables con el objetivo del Ministerio de acabar con el trabajo esclavo. “Zara sugiere cláusulas que la eximen de responsabilidad de lo que ocurre con los proveedores y establece un plazo limitado para el acuerdo que, como es obvio, debe tener un plazo indeterminado”.
El régimen esclavista de trabajo de los abastecedores directos y los talleres contratados no es una sorpresa para Zara, siempre lo supo y el sistema se estructuró para que la empresa pudiera obtener mayores lucros.
Lo que pretende la transnacional es que esas formas empresariales de explotación del trabajo que se ejecutan desde hace años en todo el mundo se acepten legalmente en Brasil. Ellos sólo admiten ajustarse a la impunidad del desregulado mercado actual de trabajo mundial.
Este artículo fue revisado por Tali Feld Gleiser
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Trabajo esclavo en la India: tres empresas españolas están incluidas en la 'lista negra'
Niñas y adolescentes trabajando sin contrato, privadas de libertad y en condiciones insalubres durante más de 72 horas a la semana por un salario de 0,88 euros al día, del que sólo podrán disponer cuando hayan transcurrido de tres a cinco años y que servirá para pagar su dote matrimonial. Ese es el sombrío escenario laboral de miles de jóvenes del estado de Tamil Nadu, al sur de la India, que son empleadas en condiciones que rozan la esclavitud por empresas textiles de aquel país que luego suministran sus productos a grandes firmas internacionales, entre ellas las españolas Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel.
Un exhaustivo y documentado informe elaborado por el prestigioso Centre for Research on Multinational Corporations -una organización independiente holandesa sin ánimo de lucro que escruta a las grandes multinacionales- y el India Committee of the Netherlands -una ONG del mismo país impulsora de la campaña Clean Clothes (Ropas Limpias) contra la explotación vinculada al comercio textil- saca los colores a algunos de los gigantes mundiales de la moda por comerciar con esa presunta red de trabajo esclavo. Entre ellos, Tommy Hilfiger, Timberland, H&M, Marks&Spencer, Diesel, Gap, C&A, El Corte Inglés, Inditex -propietaria de Zara- y Cortefiel.
El informe, titulado Captured by cotton (Atrapadas en el algodón), relata el proceso de reclutamiento de miles de niñas y jóvenes indias de entre 14 y 20 años por los grandes fabricantes textiles de Tamil Nadu. La inmensa mayoría de ellas pertenece a los Dalit, la casta más baja de la India, considerada impura y dedicada a tareas marginales con míseros salarios: limpiadores, lavanderos, artesanos callejeros... Las adolescentes son atraídas por sus empleadores con falsas promesas de una vida mejor que incluye comida y alojamiento en las mismas factorías, y empujadas por sus padres por el reclamo de un salario diferido que cobrarán al acabar sus contratos para costear su dote y contraer matrimonio.
Prácticas prohibidas
El pago de una dote fue prohibido por ley en la India en 1961, pero sigue siendo una práctica muy habitual en las zonas rurales y más deprimidas del país. Muchas familias contraen elevadas deudas para poder hacer frente a ese gasto, con la esperanza de que sus hijas -y ellos mismos- salgan de la miseria si logran casarse. En esas condiciones de marginación y pobreza extrema, la oferta de un salario con el que pagar su dote y tres comidas al día es un argumento más que suficiente para que los reclutadores textiles de Tamil Nadu logren atraer cada año a miles de jóvenes a lo que se ha bautizado como Plan Sumangali (la palabra tamil sumangali se aplica a las mujeres solteras que aspiran a casarse, ser felices y verse colmadas de bienes materiales).
De las cuatro grandes fábricas manufactureras que copan la producción en ese estado indio citadas en el informe -Eastman Exports, SSM India, Bannari Amman Group y KPR Mill-, Eastman Exports tiene entre sus principales clientes a Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel. Los autores del estudio, elaborado sobre el terreno con entrevistas a más de un centenar de empleadas y ex trabajadoras, además de sindicalistas, miembros de ONG's y académicos, revelan que ese conglomerado indio tiene 24 centros textiles y una capacidad de producción de seis millones de prendas de ropa interior al día y otros seis millones de pantalones, faldas y vestidos al mes.
Un portavoz oficial de El Corte Inglés reconoció ayer a El Confidencial que Eastman Exports es uno de los proveedores de la firma presidida por Isidoro Álvarez, pero aseguró que la compañía india ya ha abandonado las prácticas del Plan Sumangali y ha superado con éxito dos auditorías internacionales BSCI (Business Social Compliance Initiative), un sistema ideado por las grandes multinacionales para evitar auditorías múltiples y redundantes a sus principales suministradores. "Eastman Exports, según las auditorías BSCI, sólo comete ahora algunas infracciones leves", añadió el citado portavoz.
Jornadas laborales interminables
El informe Captured by cotton admite, en efecto, que Eastman Exports suprimió en 2010 el pago diferido a sus trabajadoras, pero añade a continuación que éstas sufren aún prácticas abusivas, muy cercanas a la explotación laboral, por parte de la compañía india. Entre otras, una semana laboral de 72 horas, con jornadas forzosas de 12 horas diarias durante los picos de producción y sin recibir a cambio compensación económica; libertad de movimientos estrictamente restringida al interior del complejo textil, que sólo pueden abandonar una vez al mes y bajo vigilancia; contratos exclusivamente verbales que son frecuentemente violados por la empresa y prohibición expresa de afiliarse a un sindicato.
Desde Inditex, por su parte, aseguraron que el informe fue analizado en junio de 2011 por la Ethical Trading Initiative (ETI), una organización internacional con sede en Londres que combate la explotación laboral, y de la que forma parte la multinacional gallega fundada por Amancio Ortega. "Inmediatamente se adoptaron acciones preventivas para impedir que cualquiera de las situaciones de riesgo señaladas en el informe se pudieran llegar a producir", señaló ayer un portavoz de la compañía. "Tras nueve meses de trabajo, el resultado final apunta a que las situaciones de riesgo están ahora monitorizadas y se persiguen de forma eficaz las irregularidades", añadió.
Precisamente el pasado miércoles, durante la presentación en Madrid de los resultados de Inditex en 2011, un periodista de la televisión pública francesa France 2 preguntó al presidente de la compañía, Pablo Isla, por qué permite el trabajo infantil en algunos de sus proveedores indios, y aseguró que la cadena emitirá en mayo un documental en el que supuestamente se demuestra que Inditex tolera la explotación de niños de 14 años. Isla respondió que esas preguntas eran "improcedentes" y estaban "fuera de lugar".
Por último, un portavoz de Cortefiel, otra de las firmas españolas que comercia con Eastman Exports, señaló que la compañía textil india "es un proveedor de clase A que cumple todos los certificados y que no está dando problemas". El mismo portavoz añadió que Cortefiel "no ha detectado esas deficiencias que menciona el informe", y que el grupo -propietario de marcas como Springfield, Women'secret o Pedro del Hierro- "no tolera en sus proveedores comportamientos socialmente inaceptables".
elconfidencial.com
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